Opinión: Verguenza Nacional
Un artículo que me llamo mucho la atención y es una realidad un poco penosa teniendo en cuenta lo grande que es México en extensión territorial y la cantidad de población que posee el país.
Saludos
Kowalick
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Patentes nacionales en la lona
Alberto Barranco
26 Septiembre 2011
Del inaudito desdén hacia la investigación en materia de salud, educación, ciencia, tecnología y fomento industrial, habla el que las patentes mexicanas representen apenas el 0.5% del total en el planeta.
Más aún, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), México sólo contribuyó con 0.87% de los artículos científicos producidos a escala mundial.
En el escenario, además, el país ocupa apenas el lugar 78 de un total de 132 en materia de innovación, de acuerdo al Índice de Competitividad Global 2010-2011.
Colocados los focos rojos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ésta le acaba de plantear al gobierno una serie de recomendaciones en el marco de un diagnóstico de fortalezas y debilidades. De acuerdo a éste, el país está en la lona.
De entrada, se reprocha que el gasto bruto en el renglón de innovación sea el más bajo entre las economías participantes del organismo: apenas el 0.4% del Producto Interno Bruto.
Más allá, en el 2008 el país obtuvo 0.14 patentes y 73 artículos científicos por cada millón de habitantes, la cifra más baja en el área de la OCDE, con la novedad de que el 22% de las patentes fueron realizadas con la participación de colaboradores en el extranjero.
La paradoja del caso es que México alcanzó un promedio de 24.7 graduados en ciencia e ingeniería, cifra que supera la media de la OCDE, pese a la cual se tiene menos de un investigador por cada mil empleos, lo que representa la cifra más baja entre los países integrados al organismo. Desde otro ángulo, la cifra de graduados con nivel de doctorado estuvo por debajo del promedio de 18%.
Lo curioso del caso es que durante el gobierno foxista el Congreso había aprobado destinar a la investigación el equivalente al 1% del PIB, posibilidad que bloqueó la Secretaría de Hacienda, pese a la resistencia de organizaciones científicas. A raíz de la alternativa el gobierno abrió un programa sexenal de ciencia y tecnología que, de acuerdo a la propia OCDE, no ha alcanzado las metas fijadas, en un escenario en que “La debilidad estructural continúa afectando el desempeño del sistema de innovación”.
Se diría que se diluyó en la mediocridad el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología al ser tomado por políticos en lugar de técnicos. De hecho, más allá de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Tecnológico de Monterrey que opera con donaciones privadas, no existe mayor interés en la promoción de patentes.
Y aunque General Electric contrata anualmente unos ocho mil ingenieros, el 70% de los egresados de las universidades y tecnológicos, su tarea apunta más hacia la consolidación de proyectos corporativos que a la investigación.
En el patético horizonte hay que anotar los profesionales que emigran del país ante la falta de oportunidades; la escasez de becas que ofrecía el propio gobierno, y los impedimentos normativos y legales que enfrentan los organismos privados para emprender la tarea ante la atonía gubernamental.
Del inaudito desdén hacia la investigación en materia de salud, educación, ciencia, tecnología y fomento industrial, habla el que las patentes mexicanas representen apenas el 0.5% del total en el planeta.
Más aún, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), México sólo contribuyó con 0.87% de los artículos científicos producidos a escala mundial.
En el escenario, además, el país ocupa apenas el lugar 78 de un total de 132 en materia de innovación, de acuerdo al Índice de Competitividad Global 2010-2011.
Colocados los focos rojos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ésta le acaba de plantear al gobierno una serie de recomendaciones en el marco de un diagnóstico de fortalezas y debilidades. De acuerdo a éste, el país está en la lona.
De entrada, se reprocha que el gasto bruto en el renglón de innovación sea el más bajo entre las economías participantes del organismo: apenas el 0.4% del Producto Interno Bruto.
Más allá, en el 2008 el país obtuvo 0.14 patentes y 73 artículos científicos por cada millón de habitantes, la cifra más baja en el área de la OCDE, con la novedad de que el 22% de las patentes fueron realizadas con la participación de colaboradores en el extranjero.
La paradoja del caso es que México alcanzó un promedio de 24.7 graduados en ciencia e ingeniería, cifra que supera la media de la OCDE, pese a la cual se tiene menos de un investigador por cada mil empleos, lo que representa la cifra más baja entre los países integrados al organismo. Desde otro ángulo, la cifra de graduados con nivel de doctorado estuvo por debajo del promedio de 18%.
Lo curioso del caso es que durante el gobierno foxista el Congreso había aprobado destinar a la investigación el equivalente al 1% del PIB, posibilidad que bloqueó la Secretaría de Hacienda, pese a la resistencia de organizaciones científicas. A raíz de la alternativa el gobierno abrió un programa sexenal de ciencia y tecnología que, de acuerdo a la propia OCDE, no ha alcanzado las metas fijadas, en un escenario en que “La debilidad estructural continúa afectando el desempeño del sistema de innovación”.
Se diría que se diluyó en la mediocridad el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología al ser tomado por políticos en lugar de técnicos. De hecho, más allá de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Tecnológico de Monterrey que opera con donaciones privadas, no existe mayor interés en la promoción de patentes.
Y aunque General Electric contrata anualmente unos ocho mil ingenieros, el 70% de los egresados de las universidades y tecnológicos, su tarea apunta más hacia la consolidación de proyectos corporativos que a la investigación.
En el patético horizonte hay que anotar los profesionales que emigran del país ante la falta de oportunidades; la escasez de becas que ofrecía el propio gobierno, y los impedimentos normativos y legales que enfrentan los organismos privados para emprender la tarea ante la atonía gubernamental.
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